25 millones de nada

Tengo serias dudas de que la playa de La Tejita sea «la última playa virgen de Canarias», como dijo ayer, con impostado bucolismo, la diputada socialista Patricia Hernández. Puede que no sea muy crápula, pero la playa de La Tejita, desde luego, no es una playa virgen, sino por el contrario, una playa usada y comercializada por los seres humanos. Porque uno escucha hablar de la Tejita y parece que se refieren a un paraje recóndito y encerrado hermosamente en su pureza y no una playa que visitan diariamente cientos de personas y que cuenta con un chiringuito pirata que al parecer no molesta a nadie, a pesar de deshacerse a menudo de basuras y detritus y aguas utilizadas, digamos, por los alrededores. La Tejita no es un ecosistema donde el comandante Jacques Cousteau nunca puso el pie, sino una playa semiurbana que visitan decenas de miles de turistas extranjeros cada año.

Cuando el por entonces alcalde de Granadilla de Abona, el socialista Jaime González Cejas, anunció a finales de 2015 que su gobierno municipal concedería una licencia para un hotel de lujo en Sotavento, «con categoría de cinco estrellas», lo justificó porque el nuevo establecimiento «suplirá la carencia de instalaciones de esta índole en la costa granadillera». La licencia se concedería finalmente un mes más tarde. El municipio, como el resto de Canarias, se había quedado tiritando después de la brutal crisis económica de 2008 y empezaba a recuperarse lentamente. Los anuncios de este tipo suponían una esperanza; en el mismo comunicado oficial, González Cejas hablaba de la inminente construcción de un gran supermercado y un McDonald. Más adelante el exalcalde ha insistido en que los promotores del hotel de La Tejita disponían de todos los informes técnicos favorables. Muchos argumentan que no es exactamente así: en algunas decenas de metros cuadrados la construcción invade el espacio público marítimo-terrestre, lo que ha sido el argumento central de los ecologistas para exigir la detención de las obras y, de facto, conseguir paralizarlas durante bastantes meses. De esta manera se llegó hasta los compases finales de la pasada legislatura autonómica. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, se sacó de la manga un truco para acallar las críticas ecologistas: se compraba la parcela del hotel por 25 millones de euros y ya está. La alcaldesa Jennifer Miranda afirma que la propuesta a los promotores estaba cerrada y se había cursado a través de un impecable expediente administrativo que, vaya por dios, no aparece por ninguna parte. Es una compra realmente raruca que Valbuena y Miranda presentan como expresión de una bondad manifiesta y verde que te quiero verde que ni siquiera debe explicarse.

Uno cree que sí, que debe explicarse. Primero, si los promotores han cometido –con o sin conocimiento – una ilegalidad, ¿por qué debe ofrecérseles una indemnización económica millonaria? Puede que cualquier acción judicial tardara años en alcanzar sus objetivos, pero si la ilegalidad es tan obvia y evidente, solo cabe esperar una condena judicial. En materia de la superficie del dominio público marítimo terrestre no caben hechos consumados. Segundo, ¿los 25 millones cubriría sin género de dudas todo el lucro cesante de los promotores? Se me antoja harto improbable en el caso de los costes y beneficios un hotel de cinco estrellas. Y por último, ¿soltar la pasta es una metodología prudente e inteligente para gestionar situaciones como esta? Un ejemplo. En breve se abrirá juicio oral de la causa dos de las cinco que forman la causa abierta desde 2007 contra González Cejas y siete de los concejales socialistas. Les acusan básicamente de prevaricación, y en especia, de conceder licencias urbanísticas con informes técnicos desfavorables. ¿Habrá que presupuestar otros 20 millones de euros para la gestión de los hipotéticos pufos de los años de vino y rosas de González Cejas y sus compañeros?.

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